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El jueves, los reguladores tomaron las riendas de Peoples Gas y su difamado programa de reemplazo de tuberías, sometiendo a la empresa de servicios públicos de Chicago a revisiones anuales del enorme proyecto que lleva una década de retraso y miles de millones de dólares por encima del presupuesto.
La decisión de la Comisión de Comercio de Illinois (ICC) permite a Peoples Gas volver a las trincheras para reemplazar cientos de millas de tuberías subterráneas antiguas que suministran gas natural a hogares de toda la ciudad.
Pero después de haber estado en suspenso durante más de un año a la espera de una investigación estatal, se le ha ordenado a la empresa de servicios públicos que se centre en las tuberías identificadas como de mayor riesgo de fugas mientras completa todos los trabajos para 2035. También tendrá que traer un monitor de seguridad independiente para que informe sobre el proyecto cada año a partir de 2027.
“Para ser claros, la decisión de la ICC no es una luz verde para que Peoples Gas vuelva a funcionar como de costumbre”, dijo el presidente de la ICC, Doug Scott, en un comunicado.
“Es responsabilidad de Peoples y de cualquier empresa de servicios públicos mantener de forma segura la infraestructura necesaria para hacer funcionar su sistema. Sin embargo, estos proyectos no pueden tener costos irrazonables o injustificables para los clientes”.
Los defensores de los consumidores calificaron la decisión como “una victoria para los clientes de Peoples Gas y todos los habitantes de Chicago”.
“Como resultado de esta orden, deberíamos obtener un programa que cueste menos y conduzca a aumentos de tarifas menos agresivos, al tiempo que nos hace más seguros”, dijo Abe Scarr, director del Grupo de Investigación de Interés Público (PIRG) de Illinois.
Un portavoz de Peoples Gas dijo que la comisión “dejó en claro que quiere que nos concentremos en reemplazar más de 1,000 millas de tuberías para 2035. Esta dirección dada por la comisión, en comparación con el enfoque anterior, puede requerir costos adicionales y más sitios de construcción que alteren las calles en los vecindarios de la ciudad”.
Cuando comenzó la saga del gasoducto hace casi dos décadas, se estimó que el enorme proyecto costaría menos de $2,000 millones para reemplazar más de 2,000 millas de tuberías subterráneas antiguas para 2030. Ya ha costado $3,300 millones, y sólo se ha completado el 38% de la obra.
La comisión, cuyos cinco miembros fueron designados por el gobernador JB Pritzker, ordenó a Peoples Gas que detuviera el trabajo a fines de 2023 para una revisión estatal del gasto.
Pritzker quiere que el estado deje de depender de los combustibles fósiles en favor de fuentes renovables para 2050, según la Ley de Clima y Empleos Equitativos que firmó en 2021, pero el estado sólo ha logrado un progreso limitado.
Los ejecutivos de Peoples Gas y los líderes de los sindicatos responsables de la obra denunciaron la interrupción, calificándola de amenaza grave para la seguridad, con algunas tuberías que tenían más de un siglo de antigüedad. La empresa de servicios públicos dijo que el gas natural sigue siendo más asequible que las alternativas de energía renovable para la mayoría de sus más de 890,000 clientes de Chicago.
Pero los organismos de control del consumidor han ridiculizado durante mucho tiempo el proyecto como un despilfarro para los contribuyentes, lo que ha impulsado ganancias récord para Peoples Gas y su empresa matriz con sede en Milwaukee, WEC Energy Group. Los abogados de la Municipalidad de Chicago y la oficina del Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, también han criticado el programa de gasoductos.
La comisión, que tiene la última palabra sobre cuánto pueden cobrar las empresas de servicios públicos a los residentes, aún así otorgó a Peoples Gas un aumento récord de tarifas de $300 millones cuando cerró el programa de gasoductos. Eso agregó $6 adicionales a la factura residencial mensual promedio.
Un estudio comisionado el año pasado por la Citizens Utility Board sugirió que las facturas de calefacción de Chicago podrían duplicarse en los próximos 15 años sin una revisión del programa de gasoductos. Peoples Gas desestimó ese informe como “afirmaciones de un grupo anti gas natural de fuera del estado”.
Dos jueces de derecho administrativo —empleados de la comisión que ayudan a litigar el proceso cuasijudicial— se pusieron en su mayoría del lado de Peoples Gas en una orden propuesta el otoño pasado. Recomendaron a los comisionados que permitan un gasto de $7,200 millones para completar el programa en 2035, antes de la meta de 2040 establecida por Peoples Gas, y pidieron que la empresa de servicios públicos presente un plan de reemplazo actualizado en un plazo de dos años.
La investigación de la comisión concluyó que la empresa de servicios públicos “no le dio prioridad adecuadamente al retiro de sus tuberías más propensas a riesgos”, dijo Scott.
No estaba claro cuánto dinero se le permitirá a Peoples Gas gastar en el programa, pero Sarah Moskowitz, directora ejecutiva de la Citizens Utility Board, dijo que la orden “frenará el gasto y creará más controles sobre el gasto de las empresas de servicios públicos”.
“Cuesta dinero reemplazar estas tuberías, pero en este caso, habrá más supervisión sobre cómo la empresa de servicios públicos gasta el dinero de sus contribuyentes”, destacó Moskowitz. “Sabremos que son capaces de hacer lo que tienen que hacer para mantener el sistema seguro, y no van a usar eso como excusa para simplemente hacer mejoras desenfrenadas en todos los ámbitos y costarnos miles y miles de millones de dólares más”.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago
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